San Cristóbal 22 de abril de 2013 (Prensa ORIC).- Ante la Fiscalía del Ministerio Publico del Táchira fue introducida una denuncia por parte del actual Presidente de Corpointa, Oscar Álvarez Nisperuza, ante presuntos hechos de corrupción observados por la anterior administración de esta corporación.
Acompañado por el Procurador General del Estado, Luis Hernández, Álvarez Nisperuza, manifestó que acudió ante la Fiscalía para hacer una denuncia seria y responsable con las pruebas necesarias para que se aperture una investigación de este caso en particular que lo atañe.
Agregó que durante los tres últimos meses de la actual gestión del Gobierno Bolivariano del Táchira, se detectaron una serie de irregularidades y presuntos delitos que deberán ser investigados por los órganos jurisdiccionales competentes y señalar a los responsables involucrados en los mismos.
“Ante estos hechos de posible malversación y peculado de uso de los bienes públicos que atentan directamente contra la cosa pública, se presume que existe un déficit de 100 millones de bolívares, evidenciándose el desangramiento ilegal de las arcas del Estado, a través de Corpointa”.
Una evidencia expuesta en la Fiscalía es la relacionada con la empresa Arwizan, a la cual se le pagó 234 mil 936 bolívares adicionales, como un monto mayor a lo se tenía estipulado como pago de contratación formal violando con este procedimiento el Articulo 105 de la Ley de Contrataciones Públicas.
Esta empresa pese a que fue citada por la actual administración a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica, cumplió con asistir a través de sus representantes legales, pero hasta la presente fecha no han dado una respuesta positiva en cuanto a la devolución del excedente pagado por la gestión anterior.
Otro caso es la denuncia de la contratación excesiva con sumas astronómicas de maquinaria para realizar labores propias de Corpointa, y nunca se hizo un esfuerzo por mejorar o adquirir una nueva flota de maquinaria.
“Esta situación obliga al Estado venezolano a poner la lupa ante este tipo de actuaciones irregulares que contravienen el compromiso fundamental de cualquier ente público por ayudar al pueblo en sus demandas o necesidades”.
“De igual manera se puede mencionar la evidencia de la cancelación de una multa ante la Inspectoría del Trabajo por concepto de no cumplir con el requerimiento de ajustar la jornada de los vigilantes nocturnos a los limites diarios de ley, por lo que sanciona a Corpointa con el Articulo 629 de la Ley Orgánica del Trabajo, pago al cual no se le hizo la debida imputación presupuestaria, ni se tramitó el debido proceso para el pago del mismo”, concluyó. FIN/ Jacqueline Mora. Fotos: José Ramírez
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